El marco normativo de la movilidad sostenible en España ha dado un giro clave en 2026. Con la aprobación del Real Decreto-ley 7/2026, el Gobierno ha acortado significativamente los plazos para que las empresas implanten su Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST), reduciendo el periodo de adaptación de 24 a 12 meses. Esto implica que la fecha límite se adelanta al 5 de diciembre de 2026, un año antes de lo previsto inicialmente. Este cambio acelera la necesidad de actuar y sitúa a muchas organizaciones ante un escenario más exigente, donde la planificación y la implementación deberán abordarse con mayor rapidez.
La nueva Ley de Movilidad Sostenible (Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible) aprobada el 13 de noviembre 2025 y publicada el 3 de diciembre 202, introduce obligaciones directas para las empresas en materia de movilidad laboral. La norma prioriza los modos de transporte más sostenibles, como caminar o el uso de bicicleta y transporte público, y apuesta por una movilidad digital y conectada para reducir emisiones y mejorar la eficiencia de los desplazamientos corporativos.
En este nuevo marco, las organizaciones que superen determinado número de personas trabajadoras deberán elaborar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) y poner en marcha medidas que fomenten desplazamientos más seguros, eficientes y alineados con los objetivos climáticos nacionales y europeos.
Aunque la normativa añade nuevas responsabilidades, también abre la puerta a optimizar recursos, mejorar la movilidad interna y apoyarse en soluciones tecnológicas reconocidas legalmente para facilitar el cumplimiento, como el ticket transporte Edenred Movilidad.
Están obligadas a implementar un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) aquellas empresas de España con más de 200 empleados, así como las que cuenten con más de 100 empleados por turno. Las Comunidades Autónomas podrán ajustar estos umbrales según sus características locales, y las entidades públicas también se encuentran dentro de este requisito. En la práctica, muchas organizaciones que nunca habían abordado formalmente su movilidad interna deberán hacerlo ahora.
La Ley de Movilidad Sostenible fue aprobada por el Congreso el 13 de octubre de 2025. No obstante, el artículo 63 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo 2026, ha introducido un cambio clave en los plazos: reduce de 24 a 12 meses el periodo para que las empresas obligadas elaboren e implanten su Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo. Como consecuencia, la fecha límite se adelanta al 5 de diciembre de 2026, un año antes de lo previsto inicialmente (5 diciembre 2027).
Durante este periodo, las empresas deberán analizar los hábitos de desplazamiento de su plantilla, definir medidas concretas y ponerlas en marcha. Además, el proceso deberá realizarse en coordinación con la representación legal de los trabajadores, o con una comisión sindical en su defecto, garantizando que las acciones respondan a las necesidades reales del equipo.
No implantar el Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo dentro del plazo, se considera infracción leve, sancionable con multas de entre 101 y 2.000 euros. La misma sanción aplica si la empresa no elabora el informe de seguimiento en los plazos establecidos por la ley.
Más allá de la cuantía de la multa, el riesgo real suele ser mayor: las empresas que hayan recibido ayudas públicas vinculadas al Real Decreto-ley 7/2026 deberán devolver esa financiación de forma íntegra si no cumplen con su obligación de PMST. A esto se suma el impacto reputacional y la posible exclusión de licitaciones públicas, especialmente relevante para organizaciones que trabajan con la Administración o dependen de ayudas y subvenciones.
Por eso, más que un trámite burocrático, el PMST conviene entenderlo como una obligación con consecuencias económicas directas — y como una razón más para adelantarse al plazo del 5 de diciembre de 2026 en lugar de esperar al último momento.
El Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) debe partir de un diagnóstico detallado de la movilidad del centro de trabajo: modos de transporte utilizados, distancias y tiempos de desplazamiento, zonas de origen, factores que condicionan el acceso y emisiones generadas. A partir de este análisis, la empresa deberá fijar objetivos de reducción de emisiones alineados con la jerarquía de la movilidad, que prioriza caminar, la bicicleta y el transporte público, dejando el vehículo privado como última opción.
A ello se suman las medidas para fomentar la movilidad sostenible, que pueden incluir incentivos al uso de bicicleta y el transporte público, aparcamientos seguros, rutas o lanzaderas colectivas o la implantación de soluciones digitales para gestionar los desplazamientos.
La ley introduce además una novedad especialmente relevante: el reconocimiento explícito de las tarjetas de transporte gestionadas por empresas emisoras autorizadas, como Edenred, como una herramienta válida y eficaz para cumplir los objetivos de sostenibilidad. Estas tarjetas permiten promover el transporte público, reducir emisiones y, además, aportar ventajas fiscales tanto para la empresa como para el empleado.
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Una vez aprobado, el Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo debe registrarse en el EDIM, la plataforma oficial donde se centraliza la información de movilidad laboral a nivel estatal. Este trámite tiene un plazo concreto desde la aprobación del plan, por lo que conviene incorporarlo desde el principio en el calendario de implementación y no tratarlo como un paso posterior o accesorio.
La normativa no se limita a exigir el plan inicial: obliga a las empresas a elaborar un informe de seguimiento bianual que evalúe el nivel de implantación real de las medidas y los resultados obtenidos. No presentar este informe en plazo tiene la misma consideración legal —y la misma sanción— que no disponer del plan.
La Nueva Ley de Movilidad Sostenible impacta directamente a un amplio conjunto de organizaciones y entidades en España. En primer lugar, se dirige a empresas —tanto públicas como privadas— que superen determinados umbrales de plantilla, es decir, aquellas con más de 200 empleados o con más de 100 trabajadores por turno. Es importante tener en cuenta que este umbral se aplica por centro de trabajo, no sobre la plantilla total de la empresa. Esto significa que una empresa con varios centros de menor tamaño puede no estar obligada, mientras que otra con un único centro grande sí lo estará, independientemente del tamaño global de la organización.
Asimismo, las administraciones públicas también están sujetas a esta normativa, no solo como obligadas a cumplirla, sino como actores clave en la promoción de buenas prácticas. En este sentido, las entidades locales con poblaciones intermedias (entre 20.000 y 50.000 habitantes) deberán desarrollar versiones adaptadas o simplificadas de estos planes, ajustadas a su dimensión y necesidades.
Por último, la ley pone especial foco en entornos donde la movilidad es un factor crítico, como los sectores logísticos o aquellas actividades con un alto volumen de desplazamientos. En estos casos, la optimización de rutas, la eficiencia energética y la reducción de emisiones adquieren un papel especialmente relevante.
Los planes no serán documentos estáticos. La normativa exige su revisión periódica y la actualización de medidas según los resultados obtenidos o los cambios en la operativa del centro de trabajo. Más allá del cumplimiento legal, los beneficios son amplios: reducción de costes y emisiones, mejora del bienestar y puntualidad del equipo, refuerzo del compromiso ESG, mayor capacidad para atraer talento y una imagen corporativa más responsable.
En Edenred entendemos los retos que supone esta transición para las organizaciones. Por ello, la tarjeta transporte Edenred Movilidad se presenta como una solución innovadora diseñada para facilitar el cumplimiento de la normativa y avanzar hacia una movilidad corporativa más sostenible.
Priorizar la movilidad sostenible no solo mejora el desempeño ambiental, sino que refuerza el compromiso ESG, la imagen corporativa y la competitividad en un entorno regulatorio cada vez más exigente.
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La nueva Ley de Movilidad Sostenible marca un antes y un después en la gestión de los desplazamientos laborales. Las empresas obligadas por esta normativa deberán implementar Planes de Movilidad Sostenible, priorizando el transporte público, alternativas de movilidad sostenible como el transporte público. Lejos de ser una simple obligación, la normativa abre oportunidades para optimizar recursos, reducir emisiones e incentivar a los equipos.
En este camino, Edenred Movilidad se convierte en el aliado estratégico ideal: una herramienta práctica, sencilla y flexible, reconocida por la propia ley y diseñada para ayudar a las empresas a cumplir la normativa mientras avanzan hacia un futuro más verde y responsable.
Profesional con amplia experiencia en el ámbito de los Recursos Humanos y la gestión de clientes, especializada en la optimización de la propuesta de valor al empleado y en el desarrollo de relaciones estratégicas con empresas.
A lo largo de su trayectoria, ha construido un perfil que combina una sólida base en gestión del talento, compensación y relaciones laborales, con una clara orientación a cliente y negocio. Su experiencia le permite entender en profundidad las necesidades de las organizaciones y alinearlas con soluciones que impactan directamente en bienestar, retención y compromiso del empleado.
